Atentados y golpe de Estado marcaron 2016 en Turquía

Ankara (PL) El año que termina estuvo marcado en Turquía por los numerosos y graves atentados sufridos así como por el fallido golpe de Estado, que dejaron medio millar de muertos y un país convulsionado por una grave crisis política y económica.
Dos factores de distinta índole coincidieron en el tiempo para desatar sobre el país una ola de violencia terrorista que, si bien estuvo planificada contra el gobierno, fue sufrida de manera muy profunda por la población y con secuelas que serán de larga duración en el plano social y económico.
La primera de esas causas, de índole internacional, fue la retirada del velado apoyo que el gobierno de Ankara ofreció en años anteriores a grupos yihadistas combatientes en la vecina nación de Siria, en especial al denominado Estado Islámico, y que motivó un incremento de la presión diplomática por parte de países occidentales y también de Rusia.
La segunda, de orden interno, fue el endurecimiento del conflicto kurdo contra los rebeldes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las montañas y contra sus grupos de apoyo en las ciudades del sureste del país, donde la mayoría de la población es de etnia kurda.
En ambos casos el gobierno de Turquía con su presidente Recep Tayyip Erdogan a la cabeza, se embarcaron en una agresiva espiral belicista, basada en erróneos cálculos y dirigida únicamente a obtener réditos políticos, sin tener en cuenta las consecuencias que para el país esas dinámicas podrían acarrear.
El resultado más inmediato fue una decena de atentados en las principales ciudades, llevados a cabo por el EI y por los Halcones de la Libertad del Kurdistán (TAK), un grupo terrorista semiautónomo que el gobierno turco vincula con el  PKK, que causaron 275 muertos y miles de heridos.
Otras consecuencias de más hondo calado fueron el hundimiento de la actividad turística, uno de los principales puntales de la economía nacional, la pérdida de confianza por parte de la inversión extranjera y una involución democrática que se vio agravada por el golpe de Estado militar que tuvo lugar el 15 de julio.
El 12 de enero, 11 turistas alemanes murieron y otras 16 personas resultaron heridas en un ataque suicida, reivindicado por el grupo terrorista EI, en el histórico distrito de Sultanahmet de Estambul, corazón turístico de la ciudad.
Dos meses más tarde, el 19 de de marzo, un nuevo atentado en la misma ciudad fue llevado a cabo en la concurrida avenida Istiklal, eje comercial para el turismo, con un saldo de cuatro extranjeros fallecidos y decenas de heridos.
Los días 7 y 28 de junio dos nuevos ataques, atribuidos al TAK y al EI, dejaron respectivamente 11 muertos en el centro de Estambul, cerca de la Universidad, y 47 en el aeropuerto internacional Atatürk.
Mientras tanto en la capital, Ankara, el 17 de febrero y el 13 de marzo quedaron marcados con la sangre de las 66 víctimas mortales y de las decenas de heridos que provocaron los atentados reivindicados por el TAK.
En otros puntos del este del país también tuvieron lugar acciones de terroristas suicidas o con vehículos explosivos que dejaron cerca de un centenar de muertos y numerosos damnificados.
La última de estas acciones ocurrió de nuevo en Estambul el 10 de diciembre, en un doble atentado del TAK perpetrado contra las unidades de policía destinadas a cubrir un encuentro de fútbol en el estadio del Besiktas y que causó 44 muertos y 155 heridos.
En ese clima de violencia casi cotidiana, un grupo de militares llevó a cabo la noche del 15 al 16 de julio un golpe de Estado contra el gobierno islamista y contra el presidente Erdogan, que pudo ser desarticulado en pocas horas, gracias en gran parte a la respuesta de sus seguidores en las calles, aunque a costa del trágico saldo de 247 fallecidos y cerca de dos mil heridos.
Los organizadores de la sublevación estaban vinculados, según apunta el gobierno turco, a la poderosa cofradía religiosa dirigida por el clérigo musulmán Fetullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos desde 1999, y que hasta 2013 había sido un fiel aliado de Erdogan.
Los miembros de este grupo, similar en organización al ultracatólico Opus Dei, ocuparon durante los últimos años  puestos de mando en instituciones del Estado, desde la judicatura al ejército, pasando por las universidades, llegando a establecer una red paralela cuyo propósito era el de controlar desde la sombra los destinos del país.
Tras el golpe esta cofradía y todas sus instituciones, educativas principalmente pero también medios de prensa y empresariales, pasaron a ser consideradas como una organización terrorista y sus miembros perseguidos.
Decenas de miles de personas fueron detenidas, miles de funcionarios despedidos y decenas de periódicos, canales de televisión, emisoras de radio y editoriales fueron clausuradas al ser vinculadas por las autoridades como herramientas al servicio de los golpistas.
Al mismo tiempo, el movimiento político y las organizaciones sociales que de una manera legal y pacífica luchan por los derechos de la población kurda, se convirtieron igualmente en objetivo.
Así, en los últimos tres meses fueron destituidos y detenidos los alcaldes de más de 30 municipios así como una veintena de diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), de la izquierda prokurda, bajo la acusación de tener vínculos con el PKK.
Todo ello, al calor de un estado de excepción que otorgó un poder ilimitado al Gobierno, sin tener que responder ante los jueces ni ante el Tribunal Constitucional.
Las reformas administrativas y legales, emprendidas al margen del estado de derecho y de los compromisos internacionales, provocaron también un enfrentamiento diplomático con la Unión Europea que pone en cuestión el proceso de adhesión de Turquía al grupo de países.
Lejos de aplacarse, el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) adoptó un virulento discurso cada vez más nacionalista y se embarcó en un proceso de reforma constitucional, para el que solo encontró el apoyo del ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), y que pretende convertir Turquía en una república presidencialista, dando todo el poder a Erdogan.
Además, el AKP baraja igualmente reintroducir la pena de muerte, lo que marcaría el punto final a las negociaciones con la UE, después de más de una década con avances limitados.